Juicio por YPF: ordenan que la Argentina entregue correos y mensajes de ministros y ex funcionarios
En el marco del litigio en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska ordenó la entrega de comunicaciones clave para demostrar que YPF y el Estado argentino operan como “alter ego”. La medida incluye correos y mensajes de ministros actuales y ex funcionarios.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF, ordenada por Cristina Kirchner en 2012 y por el cual el Estado argentino ya fue condenado en primera instancia a pagar aproximadamente USD 17.000 millones, la jueza de la corte de Manhattan, Preska, ha ordenado al país entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de importantes funcionarios tanto del actual gobierno como de la administración anterior.
A solicitud del bufete inglés Burford Capital, principal demandante en el caso, la jueza Preska busca establecer la figura del “alter ego”, argumentando que el Estado y la empresa son equivalentes. Esto no solo aplica a YPF, sino también al Banco Central, el Banco Nación y Enarsa.
El año pasado, YPF fue excluida de la demanda tras la condena, pero Burford ahora intenta reincorporar a la empresa para tener mayor poder de negociación con Argentina, país que hasta ahora no ha mostrado interés en negociar.
Mientras la sentencia está en apelación en una Corte de Segunda Instancia, Burford continúa presionando con medidas técnicas como embargos de activos locales en el exterior y la exigencia de quedarse con las acciones que el Estado posee en la empresa.
Con la información solicitada, la jueza intentará demostrar que los funcionarios, tanto actuales como anteriores, coordinan con la compañía sobre temas como el aumento de los precios de la gasolina o el uso del avión de la petrolera. Este tipo de convivencia, que podría considerarse normal dentro del país, necesita ser probada con evidencia concreta para la justicia de EE.UU.
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, explicó a Infobae que “todo esto se podría haber evitado poniendo garantías, como Preska ofreció en enero. Con esas garantías, que se podían haber negociado con Burford por cualquier cifra, se evitaban estos temas”.
No hay apelación posible para este pedido, pero Argentina podría rechazar entregar la información con argumentos legales o ignorar el requerimiento de la corte, como se hizo en el pasado con los fondos buitres ante el juez Thomas Griesa. Aunque es improbable que Preska dicte desacato de inmediato, podría advertir al país. La presión de Burford en este contexto podría ser significativa.
Algunas fuentes sugieren que el nuevo y polémico DNU sobre restricciones al acceso a la información pública, emitido por el Gobierno esta semana, podría estar relacionado con evitar pedidos judiciales de este tipo.
El jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció que el DNU podría ser modificado. Las fechas coinciden, y se teme que los demandantes acusen al Gobierno de obstruir la justicia, comparando la situación con la administración de Cristina Kirchner.
Maril también comentó en la red X que “el DNU del Gobierno argentino sobre el acceso a la información pública, publicado el mismo día de la Orden de la Juez Preska, puede ser visto como una obstrucción del Gobierno al discovery de los beneficiarios del fallo YPF”.
La jueza pretende acceder a servidores oficiales para buscar palabras clave relacionadas con el caso, sin explorar otros contenidos. Sin embargo, no está claro cómo se llevará a cabo la búsqueda en cuentas de correo privadas y respaldos de WhatsApp.
De una lista extensa de nombres, Preska desestimó la información sobre tres exfuncionarios: Ricardo Casal, ex secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Rita Haydee Tanuz, ex secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete; y Mariela Beliansky, actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético. La decisión sobre Eduardo De Pedro, ex ministro del Interior; Matías Tombolini, ex secretario de Comercio; y Julio Vitobello, ex secretario General de Presidencia, ha sido postergada.
