EE.UU. le pidió a la jueza Preska que posponga el fallo sobre la expropiación de YPF
El Departamento de Justicia pidió que la sentencia no se publique antes de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre.
El gobierno de Estados Unidos está evaluando intervenir en la disputa legal entre Argentina y los accionistas de YPF, un caso de alto perfil con posibles repercusiones para la empresa y las relaciones diplomáticas entre Javier Milei y la Casa Blanca.
En una carta dirigida a la jueza Loretta Preska, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, Damian Williams, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, informó que el Departamento de Justicia está considerando presentar una Declaración de Interés en el caso.
La decisión, aún en proceso de análisis, surge en el contexto de dos demandas de accionistas de YPF, que acusan al Estado argentino de incumplir un contrato.
Entre los demandantes están Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, quienes solicitan que el tribunal ordene a Argentina ceder su 51% de YPF como compensación parcial por los daños sufridos. La resolución de esta moción está pendiente de la decisión del tribunal.
La intervención de Estados Unidos podría alterar significativamente el curso del caso. Según la misiva firmada por el fiscal adjunto David Farber, el Departamento de Justicia tiene hasta el 6 de noviembre de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, para decidir si presentará formalmente su Declaración de Interés, lo que representaría una postura oficial del gobierno estadounidense sobre el litigio.
“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto a la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señala la carta, en la que también se solicita que la jueza Preska posponga su decisión hasta que se defina la participación de Estados Unidos.
La posible intervención de Washington subraya la importancia del caso, tanto a nivel económico como diplomático. La decisión implica la coordinación entre varias agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal de la División Civil del Departamento de Justicia.
El litigio se originó a raíz de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino en 2012, lo que llevó a los accionistas a demandar, alegando que Argentina no respetó los acuerdos previos al nacionalizar la empresa, causando pérdidas importantes a los inversores.
Recientemente, Argentina, YPF y los beneficiarios del fallo por la expropiación presentaron sus argumentos finales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Argentina solicitó la anulación del fallo que la condena a pagar más de US$16.000 millones a los accionistas minoritarios en el momento de la nacionalización.
Los actuales beneficiarios del fallo son fondos que compraron las demandas de las empresas originalmente afectadas, que tenían participaciones menores en YPF durante la estatización. Los demandantes argumentan que Argentina no les brindó el mismo trato que a Repsol, a pesar de los estatutos de la compañía.
Inicialmente, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina. Al apelar el país y no realizar el pago, se autorizó a los beneficiarios a buscar activos de Argentina para embargar, tarea que ha resultado complicada. La nueva estrategia de los demandantes es identificar “alter egos” del Estado, como Banco Nación, Banco Central y otras empresas públicas, para proceder con embargos.
