El Gobierno prohibió la aplicación de impuestos locales en facturas de servicios

El Ejecutivo oficializó la implementación de la medida anunciada por Luis Caputo, que impide la aplicación de impuestos municipales en las facturas de servicios.

El Gobierno oficializó este miércoles la prohibición para que los municipios incluyan tasas en las facturas de servicios públicos mediante la Resolución 267/2024, publicada en el Boletín Oficial. 

La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que “los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios”.

Ahora, la norma estipula que “la información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.

En ese sentido, se aclara que las boletas solo podrán reflejar el costo del servicio brindado “no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”.

Esta resolución entró en vigor el martes, con un plazo de adecuación de un mes, por lo que el impacto en las facturas se notará a partir de noviembre. 

De acuerdo al texto oficial, la medida responde a la creciente práctica de incluir conceptos ajenos al servicio contratado en las facturas. “La práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”, se señala.

De esta manera, consideró que “la situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”.

En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.

La controversia en torno al impacto de las tasas municipales en el costo final de bienes y servicios se intensificó en los últimos meses, especialmente después de la implementación de una tasa vial en algunos distritos bonaerenses. Esta tasa provocó un aumento en el precio de los combustibles y el debate se ha agravado con el incremento de impuestos locales que afecta a supermercados, comercios y servicios, elevando los precios en general.

Frente a esta situación, ha habido un aumento en los reclamos de asociaciones y cámaras empresariales que rechazan el aumento de tasas y buscan mitigar su impacto en las facturas finales. 

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado previamente que estaba trabajando en una solución para este problema indicando que “ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”. 

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