Mendoza avanza en la privatización del IMPSA: la legislatura dio media sanción al proyecto
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el proyecto que habilita la transferencia de las acciones de la histórica metalúrgica IMPSA a la Nación. El proceso ahora continuará en el Senado provincial para su ratificación.
La Legislatura de Mendoza avanzó decisivamente hacia la privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), una histórica empresa nacional que había sido estatizada en 2021 por decisión del entonces presidente Alberto Fernández.
Con 27 votos a favor y 17 en contra, la Cámara de Diputados provincial aprobó el proyecto del gobernador Alberto Cornejo para transferir las acciones de IMPSA a la Nación, facilitando así su venta.
IMPSA, que realiza trabajos para la represa Yacyretá, YPF y otras empresas en Vaca Muerta, así como para importantes compañías locales e internacionales, emplea a aproximadamente 720 personas.
Según el Ministerio de Economía, la empresa enfrenta una situación financiera crítica con una deuda de US$566 millones y opera en números rojos.
En 2021, el Estado nacional adquirió el 63,7% de las acciones de IMPSA, y ahora necesita adquirir el 21,2% restante que aún está en manos de la provincia para completar el proceso de venta. El resto de las acciones se distribuyen entre un fondo de acreedores con el 9,78% y la familia Pescarmona, que conserva el 5%.
Hasta el momento, el único comprador confirmado es el grupo estadounidense ARC Energy, que ha mostrado interés en adquirir IMPSA y ha propuesto una capitalización de la empresa en una negociación confidencial. Sin embargo, otras dos firmas también están interesadas y esperan noticias.
IMPSA exporta el 85% de su producción a más de 40 países, fabricando equipos para la industria del petróleo, gas, y los sectores de energía nuclear, eólica, hidroeléctrica y solar fotovoltaica.
Durante su estatización, el Estado nacional y la provincia de Mendoza aportaron conjuntamente US$20 millones para rescatar a la empresa, que había acumulado problemas financieros graves, incluidos impagos relacionados con negocios fallidos en Venezuela a través de una subsidiaria brasileña.
La empresa, que perteneció a la familia Pescarmona hasta 2018, había acumulado pasivos de US$1000 millones debido a estos problemas. En 2020, el Estado nacional intervino para evitar su quiebra y asistió en el pago de salarios.
IMPSA reestructuró su deuda de US$560 millones, con el compromiso de comenzar a pagar intereses en 2025 y el capital un año después.
Este sábado se vence el plazo para que ARC Energy formalice su oferta. Luego de esa fecha, se publicará la oferta recibida y se abrirá un período de 60 días para posibles mejoras. Si no se presenta una oferta superior, se procederá con la privatización oficial de IMPSA.