El Gobierno apeló la cautelar que frenó las Sociedades Anónimas Deportivas
El Estado presentó un recurso contra el fallo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, calificando la medida de “mamarracho jurídico” y cuestionando su competencia.
El gobierno nacional presentó hoy una apelación contra la medida cautelar dictada por un juez federal de Mercedes, que suspendió la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa promovida por la Casa Rosada para impulsar el desarrollo de clubes de fútbol y eventualmente otras disciplinas deportivas.
Esta acción judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre la administración de Javier Milei y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el Ministerio de Justicia, en su presentación los abogados del Poder Ejecutivo argumentaron que el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien firmó la cautelar que frenó las SAD a principios de mes, no es competente para decidir sobre la reglamentación de un decreto de alcance nacional.
El pasado 2 de septiembre, el juez Portocarrero había aceptado la medida cautelar presentada por la AFA en el expediente 22121/2024, ordenando al Gobierno suspender los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y su reglamentación sobre las SAD, hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La AFA, a través de Claudio Tapia, promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, argumentando que los decretos en cuestión alteran la estructura y el funcionamiento de las asociaciones deportivas, constituyendo una ”una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas” y “violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional”.
Fuentes oficiales señalaron que la apelación subraya que el juez de Mercedes no debía intervenir, ya que la jurisdicción adecuada para resolver el recurso presentado por la AFA sería la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene su sede la entidad.
En el Ministerio de Justicia calificaron la cautelar como un “mamarracho jurídico”, argumentando que no existe un peligro en la demora, dado que el DNU y su reglamentación, que habilita a las Sociedades Anónimas Deportivas, no entrarán en vigencia hasta dentro de un año.
Asimismo, remarcaron que el proceso en marcha otorga a los socios de los clubes la libertad de decidir si adoptan el modelo que permite la participación de capital privado, tanto local como internacional, o si prefieren mantener la estructura actual.
