Argentina enfrenta una nueva demanda por USD 1.300 millones en Nueva York
El país es demandado por manipulación de datos estadísticos durante la gestión de Cristina Kirchner, una estrategia utilizada para reducir los costos financieros de la deuda soberana.
Argentina enfrenta una nueva demanda de 1.300 millones de dólares en Estados Unidos, relacionada con la causa del “Cupón PBI”, presentada por un grupo de fondos de inversión financiera, liderado por Aurelius Capital.
Esta demanda se basa en la denuncia de perjuicios causados por la modificación de datos estadísticos durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo que habría afectado los pagos correspondientes a los tenedores de bonos vinculados al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
La acción judicial fue presentada ante la jueza Loretta Preska, quien ya había desestimado la demanda original en abril de este año. Según Sebastián Maril, especialista en la causa, Aurelius Capital corrigió sus argumentos en esta nueva demanda, abordando las razones que llevaron a la desestimación inicial.
La controversia gira en torno a un cambio en los cálculos del PBI que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) bajo la administración de Kirchner, lo que habría impedido que Argentina pagara los intereses de los cupones correspondientes a los años 2014-2018, 2021 y 2022.
Los demandantes insisten en que, de no haberse alterado los métodos de cálculo del PBI, Argentina habría estado obligada a cumplir con los pagos. Dado que la jueza Preska no resolvió la cuestión de fondo sobre si hubo distorsión de los datos oficiales, los fondos han vuelto a presentarse para obtener un fallo favorable.
Este caso es parte de una serie de conflictos judiciales relacionados con la manipulación de estadísticas públicas durante el mandato de Kirchner. Además de la demanda en Estados Unidos, Argentina enfrenta otro litigio en el Reino Unido por 1.500 millones de dólares, donde la Corte Suprema británica debe resolver sobre la apelación del país. Argentina ya ha depositado una garantía de 337 millones de dólares, que se descontará del monto total en caso de un fallo adverso.
La jueza Preska también ha estado involucrada en otros fallos adversos para Argentina, como la sentencia relacionada con la expropiación de la petrolera YPF en 2012. En esa instancia, Argentina fue condenada a pagar 16.100 millones de dólares por no realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones de la empresa, como lo exige el estatuto de YPF cuando se supera el 15% del total accionario.
