Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno confirmó el veto total a la ley aprobada por el Congreso, una medida que fue cuestionada por la multitudinaria manifestación en defensa de la educación.

Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei formalizó el veto a la ley sancionada por el Congreso, que proponía aumentar el presupuesto destinado a las universidades y mejorar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La iniciativa contaba con un amplio respaldo de la sociedad civil.

El texto oficial, publicado en el Boletín Oficial, argumenta que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”. 

En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

Asimismo, se argumenta que “la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.

El Gobierno también destaca que la recomposición salarial del personal universitario fue del 87% entre diciembre y agosto, mientras que el aumento para el resto de los empleados de la Administración Pública Nacional fue del 78%. Sin embargo, reconoce que ambos porcentajes están por debajo del incremento del 144% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC en ese mismo periodo. 

A pesar de esto, aclara que otorgar un aumento específico para el personal de las universidades establecería un privilegio frente al resto de la Administración Pública, “por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”.

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