Un nuevo fallo en EE.UU. obliga a Argentina a pagar USD 140 millones
El fallo favorece a holdouts del default de 2001 que rechazaron los canjes de deuda ofrecidos por el país.
Mientras se espera una resolución en el juicio por la expropiación de YPF, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de Argentina en un reclamo presentado por fondos buitres que aún no han cobrado los bonos que cayeron en default en 2001.
La jueza dio la razón a los fondos Bybrook Capital Master y Bybrook Capital Hazelton, que ahora son acreedores de USD 142 millones, según la sentencia de primera instancia.
A pesar de esto, es poco probable que Argentina apele la decisión, ya que es casi seguro que perdería: no hay dudas sobre el incumplimiento de pagos en 2001. Este hecho llevó a tres reestructuraciones de deuda en 2005, 2010 y 2016, a las que adhirió más del 90% de los acreedores.
Sin embargo, algunos litigantes no aceptaron los acuerdos propuestos por el país y continuaron con sus demandas.
Según una fuente con conocimiento de los procesos en cortes internacionales, este tipo de fondos prefieren que las condenas se dilaten en el tiempo. Para Argentina, sin embargo, el fallo de la jueza tiene un aspecto positivo.
Esto se debe a que, mientras no se dicte sentencia, los intereses de los bonos en default se acumulan a una tasa anual del 9%.
Ahora, con la sentencia emitida, la tasa de interés se reduce a la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años, que actualmente ronda el 4%.
Sin una apelación a la vista, los demandantes tienen algunas alternativas. Una de ellas es buscar activos de Argentina embargables en Estados Unidos para cobrar la sentencia, un camino similar al que siguen los fondos que demandan al país por la expropiación de YPF, aunque sin éxito hasta el momento.
Otra posibilidad es esperar que Argentina ofrezca algún tipo de acuerdo, considerando que la cifra es pequeña en comparación con el total de la deuda en default, y saldarla permitiría cerrar un frente judicial.
Sin embargo, incluso si el Gobierno optara por esta vía, necesitaría la aprobación del Congreso. Esto podría ser incómodo para las autoridades, ya que tendrían que justificar el gasto en resolver una demanda mientras el país enfrenta un fuerte ajuste interno.
Por otro lado, la jueza Preska también condenó a Argentina a pagar USD 16.100 millones por trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF durante la expropiación. Aunque los beneficiarios del fallo intentaron embargar activos, no tuvieron éxito hasta ahora.
Su estrategia actual se centra en intentar demostrar que otras entidades, como el Banco Nación, el Banco Central o Arsat, son “alter egos” del Estado argentino, con el objetivo de embargar sus bienes.
Por el momento, la jueza ha determinado que YPF y el Estado nacional son “lo mismo” y ha ordenado la presentación de la documentación pertinente para corroborarlo.
