El Gobierno limitará las paritarias a un 2% mensual a partir de octubre
Desde 2004, los gobiernos han fijado pautas salariales, pero la actual gestión libertaria enfrenta un desafío inédito: contener la corrosión salarial sin medidas para frenar la licuación de sueldos y jubilaciones, en un contexto de alta inflación.
La administración de Javier Milei ha decidido establecer un límite en las negociaciones colectivas para el aumento salarial de los trabajadores registrados, conocido como el “techo paritario”. A partir de octubre, el Gobierno ha comunicado a los sindicatos que no se homologarán acuerdos que superen un incremento del 2% mensual.
Esta medida se enmarca en la estrategia oficial de reducir el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, con el objetivo de priorizar el control de la inflación, que en julio alcanzó el 4% según el último registro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha sido una figura clave en la definición de este “techo paritario libertario”, alineado con la política de frenar el aumento sostenido de precios.
Sin embargo, esta práctica de establecer límites salariales no es nueva, ya que ha sido empleada en anteriores administraciones, tanto kirchneristas como en la gestión de Mauricio Macri, aunque con variaciones en cada caso.
Es importante señalar que las paritarias tienen un marco legal definido. En diálogo con BAE Negocios, Luis Roa, abogado laboralista y docente de la UBA, recordó: “los convenios colectivos de trabajo y la negociación colectiva corresponden a las leyes 14.250 y 23.536, modificadas en 2004 por la ley 25.877, norma que en su artículo 1° derogó la denominada Ley Banelco”. No obstante, históricamente, las paritarias no siempre han sido el principal mecanismo para regular la disputa salarial.
En el contexto actual del mercado laboral, la presión del gobierno libertario sobre los salarios ha llevado a que el tope paritario también esté relacionado con la pérdida de empleos. Para algunos sectores, mantener puestos de trabajo implica negociar a la baja, como una condición necesaria en las paritarias.
La advertencia gubernamental sobre no homologar incrementos que superen el 2% mensual contrasta con la realidad del deterioro salarial tanto en el sector público como en el privado, que ya existía antes del 10 de diciembre y se ha intensificado bajo la gestión de Milei. Según datos del Cifra de la CTA de los Trabajadores, el poder adquisitivo cayó un 20,7% en los primeros trimestres de 2023.
En este contexto, Caputo instó a los empresarios a que “aprovechen que la gente está aguantando” y el reciente “el equilibrio fiscal es innegociable”. A pesar de ello, el conflicto social no ha alcanzado niveles significativos en términos de protestas o huelgas, incluso en los sectores más afectados por estas políticas.