Nuevo golpe al Gobierno: la oposición frena el DNU que aumentaba los fondos de la SIDE
El Congreso rechazó, por primera vez, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgaba $100.000 millones a la agencia de Inteligencia. La medida representa un duro revés para el oficialismo.
La oposición, compuesta por el peronismo, la UCR y tres senadores del PRO, votó en contra y derogó el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba $100.000 millones adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta decisión representó un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei, que previamente había sufrido la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Este suceso marca un hecho inédito, ya que es la primera vez que el Congreso rechaza un DNU desde la promulgación de la ley de 2006 que regula el tratamiento de estos decretos.
La derogación del DNU fue aprobada con 49 votos a favor, provenientes de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (a excepción de los ausentes mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri), y tres senadores del PRO: Guadalupe Tagliaferri (CABA), Victoria Huala (La Pampa), y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos). El oficialismo solo reunió 11 votos, mientras que hubo dos abstenciones, de Martín Goerling (Misiones) y Andrea Cristina (Chubut).
La derrota se sumó a la aprobación del proyecto que actualiza el presupuesto de las universidades públicas. Además, el Senado también dio luz verde a la implementación de la Boleta Única de Papel, que ahora deberá regresar a Diputados.
El conflicto comenzó a gestarse semanas atrás, y la Casa Rosada, conocida por jugar al límite, propuso una solución de último momento para evitar que el decreto fuera debatido en el recinto. Esta estrategia, sugerida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una reunión presidida por Javier Milei, consistía en solicitar una sesión especial secreta para retirar el DNU del temario.
La propuesta fue recibida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien la sometió a consideración de los bloques. Sin embargo, la falta de apoyo de la UCR permitió que la solicitud del Ejecutivo quedara en minoría, y el DNU se incluyó en el plan de sesión aprobado en la reunión de Labor Parlamentaria, con respaldo del kirchnerismo y los dos tercios necesarios.
Funcionarios cercanos al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como José Rolandi, Lisandro Catalán y María Ibarzabal Murphy, asistieron a la sesión, aunque algunos libertarios insinuaron que solo acudieron para “celebrar” la supuesta victoria por la Boleta Única de Papel.
El DNU de la SIDE fue emitido el 23 de julio, después de que el Ejecutivo disolviera la AFI y restaurara la SIDE, otorgándole $100.000 millones en fondos reservados bajo la dirección de Sergio Neiffert, vinculado a Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El segundo golpe para el gobierno vino de la mano de la ley universitaria, que no solo incrementa el presupuesto para las universidades, sino que también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes, lo que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tendrá un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, equivalente al 0,14% del PBI.
La ley estipula que el Poder Ejecutivo deberá actualizar, de manera bimestral entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el INDEC.
Según la OPC, la actualización de partidas para 2023 es de 210.742 millones de pesos, mientras que el ajuste bimestral de recursos para 2024 será de 86.254 millones, con fondos para salarios que rondan los 441.600 millones de pesos.
A pesar de esta aprobación, el Gobierno ha advertido que podría vetar la ley, como ocurrió con el aumento de las jubilaciones, lo que podría generar una nueva ola de movilizaciones, como la que ocurrió en abril. De hecho, el miércoles al mediodía hubo una manifestación de estudiantes frente al Congreso.
La ley fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Desde la Casa Rosada consideran que el impacto del 0,14% del PBI contradice la política de reducción del déficit fiscal impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
