Colombia: el Congreso avanza con un proyecto que podría desfinanciar al Estado

Pese a las alertas de ANIF, XP Investimentos y el director de Crédito Público, el Congreso continúa con la modificación del Sistema General de Participaciones, una medida que genera preocupación por su impacto en las finanzas públicas.

El Congreso de Colombia ha ignorado las advertencias de expertos sobre el proyecto de ley que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), lo cual podría generar un desfinanciamiento del Estado en los próximos años.

Actualmente, el Senado se prepara para debatir en su sexto ciclo el Acto Legislativo de origen parlamentario. Hace algunas semanas, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ya alertó sobre los riesgos de este proyecto. 

La propuesta busca aumentar la participación del SGP hasta el 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 10 años, a partir de 2027.

José Roberto Acosta, director de Crédito Público, ha señalado que el proyecto es inconveniente e inconstitucional. Con esta fórmula, las transferencias del SGP alcanzarían el 9,2% del PIB en 2036, lo que generaría una presión adicional de gasto de COP$395 billones, constantes para el período 2027-2036.

De aprobarse, las transferencias territoriales aumentarían progresivamente, comprometiendo el 83% de los ingresos del Gobierno Nacional en 2036 en tres áreas principales: pensiones, intereses y transferencias del SGP.

Andrés Pardo Amézquita, estratega jefe para América Latina en XP Investments, advirtió que la medida “atenta contra la sostenibilidad fiscal de Colombia. Las transferencias al SGP aumentarían de un promedio de 4% del PIB en los últimos 20 años a más de 8.5% en 2036. Aun asumiendo cambios en responsabilidad de gasto hacia las regiones, podría ser insuficiente”.

El Acto Legislativo también establece que, de ser aprobado, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso en un plazo de 12 meses un proyecto de ley para definir las competencias de los entes territoriales. Sin embargo, ANIF señala que es difícil evaluar los beneficios de la descentralización sin una propuesta clara sobre esas competencias.

ANIF subraya que un debate nacional sobre competencias, autonomía tributaria y la transición sería bienvenido, pero advierte que avanzar sin discutir las enormes implicaciones fiscales y los elementos clave ausentes podría ser perjudicial tanto para el país como para el desarrollo regional.

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