El Gobierno disuelve el Procrear e impulsa hipotecas divisibles para mejorar acceso a la vivienda
Con la eliminación del programa Procrear, el Gobierno apuesta a que las entidades financieras ofrezcan mejores condiciones de financiación mediante hipotecas divisibles, en línea con las actuales medidas económicas para facilitar el acceso a la vivienda.
El Gobierno disolvió el fondo fiduciario que financiaba el Programa Procrear y anunció la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. La medida, anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue formalizada este miércoles con la publicación de la norma en el Boletín Oficial.
El Decreto 1018/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, oficializó la eliminación del programa Procrear, creado en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, que otorgaba líneas de crédito subsidiadas por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda.
El decreto destaca que “no puede ignorarse la dificultad de amplios sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, una situación derivada, entre otras causas, de la alta inflación de las últimas décadas, que ha dificultado el acceso a créditos”.
También argumenta que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.
En un decreto anterior, el 1017/2024, se estableció la implementación de “hipotecas divisibles sobre inmuebles destinados a proyectos inmobiliarios, permitiendo su futura división y adhesión al régimen de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o la subdivisión de parcelas de dominio común”. Esta medida busca facilitar el acceso a la vivienda, incentivar la inversión privada y reactivar la economía.
El decreto que ordena la disolución de Procrear argumenta que el programa “se ha transformado en una carga significativa para las finanzas públicas” debido a problemas de supervisión y control, generando “gastos innecesarios para el tesoro público”. Además, señala que el programa “no ha sido transparente, ágil ni eficiente en la atención al bien común”.